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La Sala aprobó legislar sobre la iniciativa pero senadores anticiparon diversas modificaciones para garantizar la constitucionalidad de sus normas y exceptuar a los radioaficionados de las exigencias que se imponen a los operadores. Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 17 de junio, quedó el proyecto, en segundo trámite, que regula la instalación de antenas de telecomunicaciones. Ello, luego de que la Sala del Senado aprobara por 29 votos a favor y una abstención la idea de legislar de la iniciativa.
Durante el debate intervinieron los senadores Baldo Prokurica, Camilo Escalona, Jovino Novoa, Gonzalo Uriarte, Jorge Pizarro, Carlos Bianchi, Jaime Quintana, Antonio Horvath, Soledad Alvear, Francisco Chahuán, Mariano Ruiz-Esquide, Hernán Larraín, Patricio Walker, Andrés Zaldívar y Jaime Orpis.
Los parlamentarios coincidieron en la necesidad de legislar a la brevedad sobre este nuevo marco regulatorio, de modo de evitar la proliferación de instalación de antenas y compatibilizar el desarrollo tecnológico con el derecho a la propiedad y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
No obstante, señalaron la conveniencia de realizar algunos perfeccionamientos durante la discusión del articulado de la iniciativa. Entre ellos, analizar el efecto retroactivo de sus normas ya que se plantea que las antenas existentes deberán adecuarse a las nuevas regulaciones en un plazo de 36 meses y garantizar su constitucionalidad.
COBERTURA Y DERECHOS CIUDADANOS
El senador Baldo Prokurica entregó una detallada cuenta de las regulaciones que establece la iniciativa e informó que de acuerdo a la información entregada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones hoy existen 12 mil antenas y habrá que llegar hasta las 30 mil para aumentar la cobertura. Además anticipó que presentará indicaciones para “exceptuar de estas regulaciones a los radioaficionados porque ellos cumplen funciones sociales y no de lucro”.
El senador Escalona valoró que se considere la participación de la ciudadanía en el proceso de instalación de antenas y llamó a resolver de manera oportuna y eficaz este tema porque, a su juicio “los avances tecnológicos tienen que caminar de manera amable y de la mano de la comunidad”.
En tanto, el senador Novoa resaltó que el proyecto “trata de conciliar temas difíciles como son: los conflictos entre vecinos y la necesidad de otorgar mayor cobertura tanto de telefonía móvil como de transferencia de datos, en especial, en sectores rurales y populares”.
El senador Uriarte coincidió en la necesidad de acelerar la tramitación de esta iniciativa que ingresó a la Cámara en 2007 y llegó al Senado en julio de 2010. Mencionó que el texto legal se hace cargo de temas fundamentales para el desarrollo urbano y para fortalecer los derechos de los vecinos. No obstante, dijo que hay que crear más incentivos y mayor flexibilidad para conectar sectores que hoy no tienen acceso.
A su vez, el senador Pizarro precisó que “el objetivo es normar la instalación de antenas, estableciendo requisitos y obligaciones que hasta hoy no existían”. Sin embargo, hizo notar que “las empresas que ingresen al mercado “van a reclamar por las nuevas exigencias, en circunstancias que la competencia ya instaló miles de antenas”. Por ello, anticipó que uno de los temas más sensibles es el plazo de 36 meses que se otorga a las empresas que ya instalaron sus antenas para adecuarse a las nuevas normas.
El senador Bianchi mencionó que existen numerosos estudios sobre los efectos que tiene la radiación que emiten estas antenas en la salud y aunque no son concluyentes, “tenemos claro que no es consistente reclamar por la instalación de antenas y no dejar de usar los teléfonos celulares”. Coincidió además en la idea de exceptuar a radioaficionados, Bomberos, Cruz Roja y otras organizaciones que necesitan las comunicaciones para fines sociales.
A su turno, el senador Quintana recordó que en 2007, cuando ingresó el proyecto existían no más de 8 mil antenas en el país. “Es decir, en los casi cuatro años de tramitación del proyecto, se ha incrementado en un 50% el número de estos dispositivos de telecomunicaciones”. Además recalcó que esta iniciativa “es un paso decisivo en materia de salud pública, aún cuando no existan estudios acabados sobre los efectos de este tipo de radiación en las personas”.
En esa misma línea, el senador Horvath explicó que “se trata de armonizar las necesidades de comunicación con la prevención de la contaminación electromagnética y visual”. Aseveró que hay estudios que avalan los efectos de la radiestesia o sensibilidad a la radiación en algunas personas con enfermedades específicas.
Por su parte, la senadora Alvear aclaró que “en la Región Metropolitana hay zonas saturadas y no existen estudios sobre los riesgos que significan para la salud de las personas”. Además expresó su preocupación por el plazo que se otorga a las empresas para que regulen las antenas ya existentes, “porque es insuficiente” y por “los incentivos perversos que se podrían generar para que estas antenas vayan a comunas menos urbanas o turísticas”.
El senador Chahuán coincidió con sus pares sobre la urgencia de legislar sobre estos temas y anticipó que junto a su par, Ricardo Lagos Weber solicitarán que se incluyan mayores recursos en la Ley de Presupuesto para la Subsecretaría de Telecomunicaciones, porque “hoy solo cuenta con dos aparatos para medir la radiación que emiten estas antenas en todo el país y no cuenta con personal para realizar las fiscalizaciones correspondientes”.
El senador Ruiz- Esquide hizo hincapié en la necesidad de un estudio más acabado sobre los efectos que tienen las antenas en la salud “ya se comprobó que la radiación de los celulares podrían provocar cáncer. Entonces, echo de menos una preocupación especial por estos temas”. Por eso solicitó discutir este proyecto en particular, en Comisiones Unidas de Transportes y Salud, no obstante, la petición no fue acogida por la Sala.
El senador Hernán Larraín, aseveró que “el progreso no solo trae beneficios sino también efectos colaterales que no son siempre deseables y hay que abordar con la mayor prudencia la forma de evitar eventuales daños a la salud”. Asimismo, dijo que durante el debate del articulado del proyecto será necesario resolver una serie de inquietudes sobre la regulación de este mercado porque “quienes ingresen a partir de ahora tendrán que instalar sus torres y necesitamos una legislación que garantice el mejor servicio y los derechos de los ciudadanos”.
A su vez, el senador Patricio Walker solicitó a la Secretaría, “revisar la constitucionalidad de las normas de este proyecto de ley porque se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad según la función social y debemos tener esa discusión”. Además recalcó la necesidad de preservar el patrimonio ambiental.
El senador Zaldívar recordó que estos temas se han dado en todos los países donde la telefonía móvil se ha desarrollado y “creo que la regulación que se propone es la adecuada” y lo que hay que hacer es “buscar las mejores soluciones para lograr que la modernidad llegue a las zonas rurales y existan los incentivos para las empresas”.
Finalmente, el senador Orpis afirmó que “el mayor problema no es solo la telefonía móvil sino Internet, por eso creo que el proyecto hay que abordarlo con urgencia, pero en la forma correcta, de modo de salvar las dudas de constitucionalidad y el derecho de propiedad”. En cuanto a la retroactividad advirtió que “se puede producir un problema”.
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